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La alternativa Parlamentarista

Clarisse Hernández Bridat

Año 2, No. 14, enero 2016

El mundo está gobernado por diversas formas de gobierno pero uno que ha sido sobresaliente es el régimen parlamentario. Es complejo poder hablar de dicho sistema de gobierno porque no soy de un país que lo tenga por lo cual mi contacto no ha sido muy directo pero me ha parecido interesante examinarlo y poder analizar tanto las ventajas como las desventajas a las que puede estar sometida una Nación que es gobernada bajo dicho régimen.
El sistema parlamentario ha arrojado grandes resultados en diversos países de Europa y esto se debe a ventajas sobresalientes que caracterizan a esta forma de gobierno, las cuales son:
No hay períodos fijos del jefe de gobierno: Por no estar sujeto al ejercicio del Poder Ejecutivo en cabeza del Primer Ministro a un término fijo, como sucede en el sistema presidencial, el Jefe de Gobierno puede continuar en su cargo mientras goce del apoyo mayoritario del Parlamento, o puede llegar a perder su mandato en cualquier momento.
Mejor sistema de control y cambios en el gobierno: el Parlamento es el órgano democrático de más representación genuina de toda la nación, integrado por profesionales de la política activa, en ejercicio constante y cercano a los problemas de gobernabilidad y política pública, es el colectivo más indicado para juzgar el desempeño del Ejecutivo y sostener o cambiar gobiernos. Por el contrario, en el sistema presidencial, está sujeto a períodos fijos, por lo cual hacer modificaciones es algo complejo y que obliga a las cúpulas directivas de los partidos y congresistas a resolver la crisis en la que se puede caer (Sirvent, 2008).
Ámbito óptimo de actuación y vida de los partidos: el parlamento, en el sistema dual de gobierno, es el escenario natural de los debates, el foro de la lucha política y la educación democrática, y es allí donde se fortalecen, compactan y definen los partidos políticos. En el presidencialismo se da poca importancia al Congreso y se pone frecuentemente en tela de juicio muchos aspectos que lo componen y de paso se cuestiona a la democracia misma (Sirvent, 2008).
El caudillismo es menos frecuente en el sistema parlamentario: el caudillo, líderes carismáticos, surgen y se ven presentes en la popularidad de las masas, que como resultado de una elección del parlamento, normalmente integrado por políticos profesionales de niveles culturales altos, posición crítica y con responsabilidades partidistas que priman sobre las personales (Sirvent, 2008).
Un cuerpo integrado de dicha manera, por partidos fuertes e institucionalizados que deben rendir cuentas de su actuación a sus afiliados y electores, escoge jefes de gobierno más honestos y capaces que generalmente termina eligiendo la gran masa anónima del electorado nacional.
Desaparece el conflicto estructurado entre el Legislador y el Jefe de Gobierno: el debate electoral y la elección de los congresistas en el sistema parlamentario responden a un evidente carácter partidista, que fortalece y da vida a los partidos. En el sistema parlamentario, se hace una sola elección, la de la Asamblea Legislativa Nacional, Congreso o Parlamento, que escoge tanto al Jefe de Estado como al Primer Ministro o Jefe de Gobierno. Desaparece así el enfrentamiento entre Legislativo y Ejecutivo, lo que redunda en mayor productividad gubernativa y permite cumplir mandatos de gobierno con programas de partido, que son, precisamente lo que ha votado el elector primario, siendo otra razón que explica el fortalecimiento y responsabilidad que ostenta los partidos en los regímenes parlamentarios (Sirvent, 2008).
Eliminación de incompatibilidades entre el Jefe de Estado y el Jefe de Gobierno: en los regímenes presidenciales, las tareas de Jefe de Estado y las de Jefe de Gobierno las ejerce una sola persona física, lo cual a veces causa incomodidades por el contrario en el sistema parlamentario estas funciones son ejercidas por dos personas físicas, como un Jefe de Estado y otro como Jefe de Gobierno, fórmula que resuelve incoherencias e incomodidades, y explica el apelativo de dual con el que se distingue el sistema parlamentario (Sirvent, 2008).
Institucionalización de una oposición responsable y constructiva: en el sistema parlamentario, el segundo partido en número posee el potencial o derecho futuro, aunque incierto, de construir un gobierno, cuando quiera que el que esté al mando lo pierda por una votación adversa de confianza. Con esta perspectiva el segundo partido se constituye en un bloque opositor, ya que su jefe de bancada es candidato a Primer Ministro (Sirvent, 2008).
Ejecutivo fuerte y partidos consolidados: el sistema parlamentario proporciona mayor fortaleza, el poder ejecutivo, y la eficiencia al Primer Ministro o Jefe de Gobierno, por la razón de que este tiene su mandato con el respaldo mayoritario del Legislativo. Los partidos, por su parte, y el Congreso por consiguiente, se depuran, tomando mayor importancia, mejor integrados y de mejor imagen pública (Sirvent, 2008).
Posibilidad de cumplir programas de gobierno o de partido: en el presidencialismo es complicado que se cumplan los programas de gobierno a pesar de que el pueblo ha votado por el presidente para que llegue a consumarlos pero el tener que negociar con los congresistas, dificulta el cumplimiento de los programas que se querían efectuar (Sirvent, 2008).
En el texto La alternativa Parlamentarista se argumenta que en el sistema político uruguayo existe un dilema latente entre parlamentarismo y presidencialismo convirtiéndose en una encrucijada decisiva y en una manera de redundar en implicaciones relevantes de cara al despliegue de virtudes políticas y a la configuración exitosa de una “moralidad política”. El ensayo que se presenta esta basado en el texto nombrado con anterioridad.

Las razones del presidencialismo

El presidencialismo intenta asegurar el Estado de Derecho, las garantías cívicas y la democratic accountability de la gestión gubernamental, mediante la instauración de dos mandatos independientes pero opuestos, destinados a chocar entre sí en forma permanente.
El mandato del Presidente reúne dos funciones institucionales: como Jefe de Estado responde frente a la ciudadanía por la continuidad y vigencia plena del orden jurídico, mientras que como Jefe de Gobierno es responsable por la administración del aparato estatal y de los recursos públicos. Para llevar adelante la última tarea debe gestionar en cada caso las aprobaciones parlamentarias requeridas.
El Presidente no puede excusarse de sus responsabilidades con el pretexto de que encuentra oposición en las filas de su propio partido. Está obligado a buscar respaldos más allá de las filas de su propio partido, a negociar con todas las bancadas y con la diversidad de pretensiones y reclamos que ellas canalizan. Por su parte, en cuanto al sistema Parlamentario, la renovación de su mandato no está ligada necesariamente al éxito o fracaso de la gestión gubernamental. Ella dependerá, en cambio, de su idoneidad o de su eficacia como vocero de ciertas causas, muchas veces de índole local o sectorial.

Controles y contrapesos

El Parlamento se enfrenta a un poder Ejecutivo con un mandato independiente y rígido. Puede ejercer una fiscalía permanente y minuciosa, así como bloquear sus iniciativas, pero carece de recursos eficaces para modificar la orientación general de la Administración. Por lo tanto, el mandato que recibe el Parlamentario no está asociado a ninguna responsabilidad fuerte y discriminada en cuanto a la gestión gubernamental. Incluye, eso sí, expectativas de que concurra a reforzar la eficacia de la rama legislativa como ámbito público de resonancia de la más amplia gama posible de situaciones e intereses.

Intenciones y resultados

El fin último del modelo presidencialista, apunta a profundizar las virtudes democráticas a través del choque permanente entre las dos instancias centrales del sistema que como ya sabemos es el Presidente y el Parlamento. Es en esa dirección que se divorcian sus mandatos y sus responsabilidades, se castiga cualquier complicidad o debilidad en el ejercicio de sus prerrogativas y se termina obligando a ambos poderes a luchar entre sí.
El sistema presidencialista de manera estratégica instala el sistema de partidos en el Parlamento y lo desengancha de la gestión gubernamental. El presidente debe buscar respaldos más allá de sus propias bancadas e incluso amenazar a los parlamentarios con la reprobación de una “ciudadanía desmovilizada”, conspira contra la consistencia y disciplina interna de los partidos. Todo el sistema confluye a acondicionar un escenario donde los partidos se convierten en meras plataformas de selección y de lanzamiento de candidaturas, instrumentos secundarios que se retiran una vez culminada la instancia electoral.

La conflictiva tramitación de los “asuntos”

La actividad parlamentaria solo logra relevancia en cuanto ejerce una especie de auditoría permanente de la rama ejecutiva, por lo que queda inevitablemente enredada en el manejo de las variables coyunturales y de corto plazo. Por lo mismo, deberá vencer su propia inercia para adquirir competencia y credibilidad en la consideración de asuntos de largo alcance.
En un sistema presidencialista, el parlamento no tiene mayor presencia en sí ya que se muestra a las espaldas del ejecutivo entonces las tareas que le corresponden son de menos importancia o por lo menos no son tan expuestas como muchas otras labores a efectuarse. Su aporte queda reducido a multiplicar las instancias de negociación y conflicto con la rama ejecutiva, a desencadenar permanentes crisis de legitimidad de las que ambas instancias salen desgastadas.
El sistema presidencialista, no dispone de recursos institucionales para condicionar un área neutralizada en torno al cumplimiento de las funciones estatales. Si lo logra, ellos son debidos más bien a recursos ajenos al diseño del mismo modelo.

Parlamentarismo

En el Uruguay las veces que se ha planteado como solución institucional, el parlamentarismo, se recibieron argumentos que decían: que los gobierno parlamentaristas son “demasiado democráticos”, cacrecen de investiduras estables y bien definidas de autoridad y, por lo mismo, viven relativamente en crisis.
El modelo parlamentarista elimina las raíces de las tensiones permanentes entre los dos mandatos plebiscitarios divergentes, tensión en la que recordemos reside la apuesta presidencialista. Al unificar la fuente de legitimación de ambos mandatos y al establecer una suerte de “división de las aguas” una discriminación precisa de instancias y niveles de responsabilidad en la gestión gubernamental. El sistema parlamentarista logra que la rama ejecutiva y la rama legislativa no tengan que enfrentarse permanentemente.
El parlamento encuentra con facilidad su propio lugar de inserción, sin necesidad de “reclamarlo por la fuerza”. Encuentra visibilidad pública para sus aportes, no solo legislando en asuntos de mediano y largo alcance, o ejerciendo la fiscalización democrática de la Administración. Lo hace, ante todo convirtiéndose en el ámbito privilegiado donde se perfilan y reformulan los lineamientos alternativos, donde se acumulan los diagnósticos y los enfoques generales de solución de cara a los problemas de la agenda política.
La rama legislativa es invitada a “jugar con la cabeza levantada” y dispone de recursos genuinos para cobrar relevancia ante la opinión pública, por cuanto el desenlace de sus debates está asociado a la posibilidad de modificar la orientación gubernamental durante los mandatos y sin generar terremotos institucionales.
El modelo presidencialista pretende contrarrestar con la rigidez de los mandatos y su enfrentamiento, el modelo parlamentarista, en cambio, elija la solución opuesta: admiten la posibilidad de desinvestidura pero reparte las responsabilidades, de modo tal que estas no se diluyan.
En el sistema parlamentario se “toma en serio” el juego de las mayorías y minorías parlamentarias y, al responsabilizar a los partidos políticos por su contribución al acuerdo de Gobierno, participando o excluyéndose, los invita a sopesar cuidadosamente sus pronunciamientos y a hacerse cargo de sus consecuencias en el largo plazo.
La vida parlamentaria da lugar a un escenario relativamente moderado y en cierto sentido excesivamente domesticado, escasamente disponible para hacerse eco de agitaciones sociales puntuales.
En el parlamentarismo se ve más renuente a acoger voces y reclamos sin antecedentes acreditados, es indispensable que lleguen a acumular muchas razones y testimonios para modificar orientaciones que se ha probado como confiables y rendidoras. En la mayoría de las veces apuesta por mejorar a través de ajustes internos sucesivos, lo cual me parece muy viable y correcto porque al estar en una sociedad cambiante es de suma importancia atender a la ciudadanía aunque de igual forma se debe tomar la responsabilidad de los fracasos que surjan.
Los regímenes se diferencian según aquellos factores que surgen de la propia peripecia de la sociedad o de las sociedades que en su caso se estén considerando, para poder hacer cambios o efectuar ciertas alteraciones aunque estas deben darse de manera deliberada, siendo objeto de un pacto de todos los agentes o de una parte mayoritaria, teniendo en común la inquietud por la ineficacia suscita. En Uruguay algo que se resalta es que tienen un sistema bastante incluyente.
Lo más recomendable en diversos aspectos en las sociedades es optar por soluciones que se den de manera horizontal pero a veces se presentan inconvenientes de que se efectué de esa manera ya que se deben llevar a los actores a perspectivas muy generales, habilitándolos a movilizar el sistema y por supuesto a preservarlo por medio del rechazo a fórmulas desnaturalizadoras.

Con el paso de los años y la experiencia que se ha mostrado en el Uruguay, los orientales han reproducido secularmente conductas acordes al parlamentarismo.
Modificar el tipo de régimen por el cual está siendo gobernado un país es signo de que se han dado resultados negativos o se ve latente un grado de ineficacia que somete a interrogantes al gobierno por parte de la ciudadanía. Posible estancamiento con las iniciativas, es decir que el gobierno en curso siga una misma línea de trabajo como lo han hecho gobiernos anteriores, muchas veces se necesita la implementación de iniciativas que converjan en la transformación y en el cambio salvaguardando las necesidades y demandas de la población.
A mi parecer Uruguay es un país que en cualquier momento podría tener cambios políticos interesantes y esto debido a que con anterioridad se han hecho interrogantes sobre cuál es el tipo de régimen de gobierno que tiene el Uruguay.
El cargo de un Presidente que reúne las funciones de Jefe de Estado y de Gobierno entorpece innecesariamente la cooperación interpartidaria. En esa misma línea, además, desvía los respaldos, las exigencias, las expectativas y las atribuciones de responsabilidad. EL presidente es elegido y juzgado como el más fuerte, pero se desempeña como un líder partidario. Los partidos, que son los verdaderos sujetos gobernantes como tales y no como contingentes de apoyo de un hombre o de un equipo de hombres, olvidan sus responsabilidades y escapan al enjuiciamiento comicial, imprescindibles para el buen funcionamiento democrático. La supresión del cargo presidencial dotado de las competencias operaría ventajosamente, muy en consonancia con la cultura constitucional de Uruguay.
Al transformarse a un sistema cuyo el poder esté en manos del Parlamento se presentará una mayor distribución del poder y esto conllevará una articulación mejor establecida entre los distintos partidos políticos, logrando concretar diversas iniciativas que se tengan pensadas y de dicha manera poder dirigir a Uruguay a un camino de progreso, aunque el cambio deberá irse dando de manera paulatina ya que no es fácil transformar todo con rapidez antes que nada deben analizarse diversos ejes.

Bibliografía

Sirvent, C (2008). Sistema Parlamentario y Sistema Presidencial. Ciudad de México: CEDIP
Pareja, Peixoto y Pérez, A (1992). La alternativa parlamentarista. Montevideo: Centro Latinoamericano de Econompia Humana

Fotografía: María Bernal

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